Parece que la Secretaría de Ambiente de Bogotá no tiene claras muchas de sus competencias, evidenciando su incompetencia en el manejo ambiental del Distrito.

La incautación y posterior eutanasia de 40 ejemplares de peces exóticos provenientes de Asia y Australia demuestra la falta de manejo técnico de la entidad, la extralimitación de sus funciones y un desconocimiento absoluto de la normativa del país. Aunque hay un gran vacío jurídico en el tema, esto debe resolverse a raíz de lo sucedido.

Tras las denuncias por el cautiverio de un pequeño tiburón bambú, realizadas por Camilo Prieto, líder del Movimiento Ambientalista Colombiano, la Secretaría incautó 40 peces en el Centro Comercial Atlantis en Bogotá. Una semana después, los sacrificaron sin considerar si el procedimiento era completamente de su competencia.

Análisis del Procedimiento

Según asesores técnicos, varios puntos ponen en duda el procedimiento de la Secretaría de Ambiente, sugiriendo que los resultados recientes son vergonzosos e improcedentes.

Primero, vale la pena definir la ruta que debía seguirse. Según la Resolución 2064 emitida en 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, todos los organismos que tienen su ciclo de vida en el medio acuático son recursos hidrobiológicos, no fauna. Esto implica la participación de varias instituciones.

Aunque la incautación está en manos de las autoridades ambientales, la presencia de especies pesqueras como los camarones requería un concepto de la Autoridad Nacional de Pesca (Aunap). Además, el Ministerio de Ambiente otorga permisos de importación de especies marinas si están en la lista de la CITES. De lo contrario, la encargada es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Procedimientos y Falta de Coordinación

Francisco Cruz, secretario de Ambiente del Distrito, aseguró en W Radio que la incautación se basó en una planeación con la autoridad policial y que llevaban tiempo buscando los animales. Sin embargo, no es claro por qué, si había planeación, no se citaron todas las instituciones competentes y no se siguieron los protocolos establecidos por la Resolución 2064. Tampoco se solicitaron conceptos técnicos que favorecieran decisiones acertadas para evitar el fatal final de los peces.

Reglamentación y Permisos

Antes de tomar decisiones, debían solicitarse permisos de importación de peces ornamentales a la Aunap, permisos del Ministerio de Ambiente para la introducción de especies acuáticas exóticas, permisos de la ANLA y una evaluación de riesgo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Todo esto forma parte del permiso general de importación de peces ornamentales en Colombia, un tema que no está completamente reglamentado pero sobre el que se ejercen ciertos controles.

Si el Centro Comercial no tenía los permisos, la autoridad distrital estaba ante un caso de tráfico de recursos hidrobiológicos. Esto es común en Colombia, donde los peces incautados en Atlantis tienen como sede principal los acuarios de la carrera Caracas en Bogotá, frente a la Secretaría de Ambiente, sin decomisos conocidos.

La incautación debía seguirse de una evaluación taxonómica o identificación de las especies. En ningún caso los nombres comunes podían reemplazar la clasificación científica. Además, se necesitaban conceptos técnicos de todas las instituciones competentes para determinar el curso de acción correcto.

Fallas en la Ejecución

La Secretaría de Ambiente decidió pedir una opinión a una organización como Conservación Internacional, que no favoreció la protección de los 40 peces y los consideró especies invasoras, comparándolos con la rana toro, el caracol africano y el pez león. Esta opinión, carente de rigor técnico-científico, fue utilizada para justificar la eutanasia.

Reflexión y Crítica

Es preocupante que institutos de investigación no sean consultados y que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya tenido parte en el caso, evidenciando una crisis en el Sistema Nacional Ambiental. Además, la Alcaldía de Bogotá otorgó valor a una opinión sin componente técnico-científico para sacrificar 40 ejemplares animales, ignorando numerosos estudios que recomiendan la protección de la Reserva Thomas Van der Hammen.

Esta situación resalta la necesidad de una mejor coordinación y cumplimiento de la normativa, así como de un enfoque más técnico y científico en las decisiones relacionadas con la gestión ambiental.