En los últimos años, se ha promovido la idea de los beneficios del proceso de paz implementado por el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, la inversión extranjera en este contexto ha generado preocupación entre comunidades y ambientalistas, ya que un nuevo conflicto socio-ambiental avanza con pasos agigantados, afectando gravemente el medio ambiente.

En 2015, se identificaron 125 municipios prioritarios en programas de posconflicto, en colaboración con varias organizaciones como Naciones Unidas, el Instituto Agustín Codazzi, Ingeominas y el Ideam. Estos lugares enfrentan el desafío de implementar acuerdos para la protección ambiental, aunque no se puede ignorar la extracción de recursos que actualmente ocurre en Colombia.

El Ministro de Minas reitera que la minería y el petróleo son cruciales para financiar el posconflicto, a pesar de que el Ideam señaló que en 2015 se perdió un total de 124,035 hectáreas de bosques debido a cultivos ilícitos, minería legal e ilegal, infraestructura vial, entre otros factores.

A pesar de estas pérdidas, Colombia sigue siendo el segundo país más biodiverso del mundo, con un 52% de su territorio cubierto por áreas forestales. Los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare contribuyen significativamente a esta biodiversidad, aunque también son las regiones con mayor deforestación del país. Los conflictos socio-ambientales se intensifican en diversas zonas: en el Caribe y el área Andina debido a la extracción minera; en el Pacífico y el Amazonas, la explotación de madera, la minería y los cultivos ilícitos son las principales preocupaciones.

Es imperativo que las políticas de posconflicto incluyan medidas estrictas de protección ambiental para evitar que la extracción de recursos naturales continúe degradando el entorno. La sostenibilidad debe ser una prioridad, asegurando que las comunidades locales se beneficien de manera equitativa y que los recursos naturales se gestionen de forma responsable.

Además, es crucial fortalecer la vigilancia y regulación de las actividades extractivas para minimizar su impacto ambiental. La participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones y la implementación de proyectos de desarrollo sostenible son esenciales para alcanzar un equilibrio entre el progreso económico y la conservación del medio ambiente.

La biodiversidad de Colombia es un tesoro invaluable que debe protegerse no solo por su valor intrínseco, sino también por su importancia para el bienestar humano y la estabilidad ecológica del país. La integración de estrategias ambientales robustas en los programas de posconflicto no es solo una necesidad, sino una obligación para asegurar un futuro próspero y sostenible para las generaciones venideras.